La comunidad latina tiene que ser parte del movimiento nacional por la rendición de cuentas en los departamentos policíacos. Sufrimos abuso, brutalidad y asesinatos policiales de miembros de nuestra comunidad también, como parte de la manifestación de la violencia sistémica anti-Negro. En la ciudad de Nueva York, esa historia es trágicamente larga y continúa – Anthony Baez, Iman Morales, Noel Polanco, Jayson Tirado, y demasiados más han muerto a manos de la policía. Sin embargo, existen políticas públicas que la ciudad puede implementar para promover la justicia y la rendición de cuentas de la policía que pueden ayudar a poner fin a estos abusos que afectan a las comunidades latinas y negras en todo el país. Sólo tenemos que ponerlas en práctica.
Como legisladores locales en Nueva York, hemos estado abogando por las propuestas de ley conocidas como La Ley del Derecho a Saber, para que pasen a ser ley para avanzar la rendición de cuentas en la policía, un principio fundamental para las demandas por reforma policial en todo el país. Con la salida del Comisionado de Policía de Nueva York William Bratton anunciado esta semana, y durante un momento nacional cuando las comunidades no se sienten protegidas del abuso policial, estamos tratando de mover esta ciudad y nuestras comunidades hacia la justicia y la seguridad. La salida del Comisionado Bratton, pocas semanas después de llegar a un acuerdo administrativo con la presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito, que no lleva a cabo la mayoría de los componentes más importantes de la propuesta Derecho a Saber, debe ser un recordatorio fuerte que un acuerdo de este tipo es insuficiente y carece de rendición de cuentas.
Nuestras comunidades no pueden permitir más retrasos a la rendición de cuentas en las interacciones policiales más comunes, la cual puede ayudar a poner fin a los abusos finales. El programa de “policía de vecindario” del Alcalde de Blasio puede ser útil, pero no evitará abusos policiales y no es un sustituto para una rendición de cuentas real que pueda detener los abusos, brutalidad y asesinatos de miembros de la comunidad por la policía.
Acuerdos administrativos que eliminan toda la sustancia de la reforma y carecen del estado de derecho son insuficientes para ayudar a nuestras comunidades. Acuerdos como este duran poco, como los comisionados mismos, yendo y viniendo en los momentos menos esperados. Los únicos acuerdos que sirven el interés público a largo plazo son los que tienen una base en la ley. El carácter repentino de la renuncia del Comisionado Bratton es una confirmación más de que la legislación debe ser el medio para que estas reformas que garantizarán una rendición de cuentas sean reales y que duren.
Nos convertimos en miembros del Concejo Municipal para asegurar, tras supervisión y legislación, que las agencias municipales tomaran responsabilidad hacia nuestras comunidades. Pasar la Ley del Derecho a Saber significa cumplir con esa obligación de avanzar la rendición de cuentas y la transparencia policial y poner fin a los abusos contra los neoyorquinos. Tenemos que cumplir con la función legislativa que el público, a través de sus votos, nos ha asignado – ya es la hora, desde hace mucho, para que el Concejo apruebe la Ley del Derecho a Saber, y vamos a seguir trabajando para asegurar que eso pase sin más demoras.
(El concejal Antonio Reynoso representa el Distrito 34 y el concejal Ritchie Torres representa el Distrito 15 en el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York).