La llamada ley del “Derecho a saber”, una iniciativa que exige que los policías se identifiquen ante los sospechosos con sus nombres propios y de paso se les informe sobre las razones por las cuales están siendo detenidos y su derecho a rechazar el registro si no hay causa probable, vuelve a estar sobre la mesa, faltando apenas tres meses para que termine la sesión actual del Concejo Municipal.
Más de 250 manifestantes, entre líderes comunitarios, activistas, defensores, políticos y ciudadanos del común, se agolparon este miércoles a las afueras de la Alcaldía y la Legislatura para exigir a la presidenta del Concejo, Melissa Mark-Viverito, que dé luz verde para que el proyecto sea llevado a plenaria y se vuelva ley. La líder de esa cámara es señalada de frenar el avance de la medida, tras haber hecho negociaciones con el NYPD a puerta cerrada para entrenar a sus oficiales en la actualización de protocolos de inspecciones, algo que los manifestantes afirman sigue sin frenar presuntos abusos de la policía.
Vianey García, miembro de la organización Se Hace Camino Nueva York, aseguró que hasta que esas protecciones no estén amparadas por una legislación, seguirán los atropellos.
“Esta ley cambiaria mucho todo el panorama no solo para las mujeres transgénero sino para toda mi comunidad latina, porque al obligar a los policías a dar su información y el por qué están deteniendo a alguien va a haber más claridad”, manifestó la mexicana. “La presidenta del Concejo debe entender que de esa manera se garantiza que la policía haga un mejor trabajo, porque ahorita mismo todavía no nos sentimos del todo protegidos”.
La mexicana Teresa Ramírez, quien se sumó a la protesta, aseguró que sin la ley del “Derecho a saber” a diario se cometen atropellos contra poblaciones vulnerables.
“A uno de mis familiares lo detuvo la policía cuando salía de su trabajo y caminaba por la calle y no solo nunca le dijeron por qué sino que lo dejaron un mes detenido y al final solo le dijeron que estaba violando la ley, sin darle detalles”, aseguró la inmigrante. “La policía sigue siendo muy injusta con nosotros y si no tenemos una ley que nos ampare van a seguir igual”.
Pero las críticas ante la obstrucción del proyecto de ley no solo viene de activistas y gente del común, sino también de parte de concejales como Carlos Menchaca, quien pidió a Mark-Viverito que no siga dando largas a esta iniciativa, que es otra manera más de garantizar que Nueva York sea una ciudad santuario.
“Todos los neoyorquinos, sin importar su estatus migratorio, tienen derechos y estas leyes van a proteger la oportunidad de que a cada persona se le diga por qué se le detiene y que los policías tengan que dar su información”, comentó el presidente del Comité de Inmigración del Concejo, quien criticó que la ley aun no haya sido llevada a plenaria cuando 37 concejales la apoyan. “Ya es el tiempo de pasar esta ley porque vamos a cambiar de Concejo y no la podemos dejar colgada. Ni siquiera tiene fecha para ser analizada porque falta el permiso de la presidenta y del Alcalde. Hay que pasarla porque es la exigencia de la gente que representamos”.
Asimismo el concejal Mark Levine, uno de los candidatos más fuertes para suceder a Mark-Viverito en la presidencia del Concejo en enero próximo, cuando la boricua terminará su período en la Legislatura por límite de tiempos, pidió que se apruebe la ley lo antes posible.
“Ella ha estado manejando un par de proyectos de ley un poco complicados y ha estado negociando con la administración y el Departamento de Policía en un proceso complicado, pero creo que estamos en un momento clave y espero que pronto la aprobemos, si no es así, yo la apoyaría para el próximo mandato si no llega a aprobarse este año”, agregó el político.
El NYPD ha afirmado que desde septiembre del año pasado, cuando iniciaron talleres de entrenamiento de sus oficiales donde se les requería que al momento de detener a alguien se les preguntara a las personas si ellos podían requisarlos, de una forma que reciban una respuesta afirmativa o negativa, se han implementado esos protocolos.
Austin Finan, vocero del alcalde De Blasio, aseguró que dichos entrenamientos y otras novedades promovidas por el NYPD sin necesidad de la ley han dado paso a cambios positivos relacionados con varios puntos de las iniciativas en cuestión.
“En 2016, la NYPD implementó cambios administrativos en la guía de patrullaje que refleja muchas de las provisiones presentadas en la ley de Derecho a saber”, dijo el funcionario, destacando que ha habido avances considerables. “Estas reformas han contribuido a aumentar la transparencia de forma en que nuestra ciudad está vigilada y ha fortalecido la relación esencial entre la policía y la comunidad que es el punto central para mantener seguros a nuestros vecindarios”.
Anthonine Pierre, de la organización Communities United for Police Reform que aboga a favor de la legislación, aseguró que si el Concejo no pasa el proyecto en menos de 90 días, estará dándole la espalda a los neoyorquinos.
“Nuestras comunidades están cansadas de que se sacrifiquen nuestros derechos por asuntos políticos y la falta de acción de los oficiales de gobierno sobre la rendición de cuentas de la policía”, dijo el activista.
De no darse el visto bueno para aprobar la ley, el Concejo podría recurrir a la figura de Moción de descargo, que se iría por encima del freno de la presidenta del Concejo, quien al cierre de esta edición no se había manifestado sobre las exigencias de que se apruebe el Acta del “Derecho a saber” antes de que se despida de su cargo.